CN avanza en segundo debate ley para ordenar y eliminar túmulos irregulares en carreteras
CONGRESO NACIONAL
10/1/20261 min read
El Congreso Nacional avanzó este martes en el segundo debate del proyecto de Ley de Ordenamiento Técnico y Eliminación de Túmulos Irregulares en la Red Vial Primaria Nacional, mediante la cual se busca regular la instalación de esos dispositivos de reducción de velocidad en las principales carreteras del país.
La iniciativa establece la prohibición de instalar túmulos tradicionales, artesanales o no certificados en la red vial primaria y que la colocación, sustitución o eliminación de estos dispositivos deberá contar con autorización de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), como autoridad competente, y cumplir con la normativa técnica y legal vigente.
Asimismo, el proyecto contempla que la SIT, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad Transporte, realice en un plazo máximo de 12 meses un inventario técnico nacional de los túmulos existentes en la red vial primaria.
Aquellos túmulos que no cumplan con los criterios técnicos oficiales deberán ser eliminados o sustituidos progresivamente por alternativas certificadas de seguridad vial, añade la iniciativa.
Soluciones y límites
Entre las soluciones contempladas se encuentran la señalización vertical y horizontal reglamentaria, reductores de velocidad normalizados, cruces peatonales elevados técnicamente diseñados y sistemas de control electrónico de velocidad, según corresponda.
Además, cuando se autorice la instalación de estos dispositivos, deberán colocarse las señales y pintura vial correspondientes, así como garantizarse su mantenimiento.
El proyecto también establece que ninguna municipalidad, patronato, organización comunitaria o particular podrá instalar reductores de velocidad en la red vial primaria sin autorización técnica expresa de la SIT.
El Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la ley en un plazo máximo de 180 días a partir de su entrada en vigor, estableciendo un procedimiento simplificado para solicitar la instalación de estos dispositivos, con un plazo máximo de 60 días calendario para resolver las solicitudes.